“Si el relato de esta historia pudiese volver a los unos más justos y más sensatas a las otras, no lamentaríamos la tarea que emprendimos para transmitir a la posteridad un acontecimiento que fue atroz pero que entonces habría servido para mejorar a los hombres”
Marqués de Sade. “Faxelange o Los perjuicios de la ambición”.
El “meter bala a los delincuentes” tiene una historia y un anclaje jurídico como respuesta a una problemática que para algunos es la presencia de parásitos sociales, seres cuya esencia constituye la metáfora cotidiana del espíritu de Cesareo Lombrosso, o para ser más claro: negros de mierda. Nuestra sociedad practica una voluntad de castigo que atraviesa grupos y edades, síntoma de un funcionamiento preciso del aparato policial-judicial, tragedia en quien defiende el producto de su trabajo. Allí donde la violencia es absoluta no sólo callan las leyes sino que todo guarda silencio. La violencia no tiene capacidad para la palabra: suprime el diálogo porque el otro no existe. La criminología positivista-naturalista no tuvo por objeto el delito considerado como concepto jurídico sino al delincuente como individuo diverso clínicamente observable. De este discurso quedan resabios, es decir, Actitudes. Y estas Actitudes construyen el discurso amorfo que se resume en la frase “Mano Dura” o que se enmascara y actualiza en “Mano Firme”.
No existe sociedad sin agresividad, sin conflicto. Me incluyo en un movimiento general de penalismo crítico cuya base es la deslegitimación del sistema penal, es decir, en el análisis político de los problemas de lo que se construye como desviación y sostiene organizaciones surgidas para la protección de los intereses de la clase dominante, o sea, policía, tribunales, cárceles y la ley como efecto de superficie sobre la cual se intenta borrar el poder: el derecho penal es desigual por excelencia porque el grado efectivo de tutela y la distribución del status de criminal es independiente del daño social causado: la cárcel es un posgrado de venganza y resentimiento. La cárcel es una máquina de poder dinámica y circular y no se mantiene por conservación sino mediante reformas sucesivas que hacen a la relación poder/saber en el derecho penal su historia misma. De aquí que la posibilidad de su abolición presuponga otra sociedad. Basta una madre desesperada y un padre dolorido para que toda esta máquina de poder circule su funcionamiento en su más cruel expresión.
El estudio de la criminalidad y del control son un solo y mismo proceso social surgido de los mecanismos de definición política y jurídica de una organización social determinada. La historia de la pena es anterior a la historia del delito. La intervención del derecho en el poder de castigar hace nacer una nueva forma de legitimación de este a través de la legalidad: la criminalidad es un invento central del poder en la sociedad moderna. Allí surge el derecho de castigar y la invención de crímenes dependerá de definiciones legales. Hacer la genealogía del poder de castigar implica la arqueología del derecho penal. Sin embargo, el sistema punitivo sigue desarrollándose a su margen. El poder del derecho penal yace en su ejecución, no en el legislador sino en el juez. La instancia judicial esta sometida al poder no judicial del sistema penal. Sólo en el aparato judicial se puede restar poder a las restantes instancias. El legislador hasta hoy fabrica un mundo y no produce seguridad jurídica porque al dato de la realidad le opone medidas balanceadas según costos políticos y mediáticos, porque busca suprimir de un plumazo la evidencia de su funcionamiento sistémico, porque lejos de educar para la libertad educa en y para la esclavitud. Seducir al turista o a quien compra su parcela en el barrio privado es retirarle lo feo. Cariló ejemplar.
La mano dura es el rechazo a la concepción de la seguridad como sistema en el cual legislación penal y procesal, política penitenciaria, prevención del delito, participación ciudadana, capacitación y equipamiento de las fuerzas de seguridad interactúan, interrelacionan, comunican conocimientos, prácticas e información. Cualquier tecnología de reforma pierde sentido en la realidad social: afuera de la cárcel ¿qué hay para el ex recluso? ¿Trabajo? ¿Ejército? ¿Policía privada? Tampoco tiene sentido pensar en abolicionismo porque son los propios trabajadores hiper-flexibilizados que piden a gritos “mano dura” “mano dura” si les roban el celular digital que saca fotos, juguete placentero con el cual se endeudan por varios meses y con un salario de mercado de 380 a 460 pesos aproximadamente el sacrificio es demasiado como para soportar derechos humanos; un robo que termina en una venta de 50 a 80 pesos para comprar cocaína barata. El celular luego se revende a las clases medias bajas que fueron también robadas y que sostienen que “si a mí me cagaron....”
El no-análisis social, criminológico, político e incluso económico de las consecuencias de tales discursos y prácticas es uno de los hechos políticos más importantes de la Argentina de estos últimos tiempos. No se trata simplemente de sospechar que las masas son fascistas en sus deseos o de hacer del concepto “deseo social” una inmanencia que inventa un esquema de poder homogéneo a cualquier nivel y a cualquier dominio: familia, Estado, relaciones de producción, aparato educativo. Así se esconde el análisis histórico y político de relaciones de poder y tácticas políticas específicas de campos sociales dominantes.
Cada vez que se sacrifica al hombre como medio para realizar un fin se obliga a la sociedad a retroceder a grados de civilización anteriores, la humanidad misma se ennegrece: se vuelve tristeza diseminada.
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